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2011). Esta medida tenía carácter provisional, a la espera de que se desarrollaran reglamentariamente las modifcaciones efectuadas en materia de reservas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011.

Otradelasmodifcaciones introducidaspor lalegislación en dicho ejercicio, incidió en una reducción del 0,06 al 0,05 la fracción de cuota destinada a la fnanciación de las funciones y actividades atribuidas a las mutuas para la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal por contingencias comunes , a partir del mes de agosto (Orden TIN/2100/2011, de 26 de julio).

La Ley 27/2011, de 1 de agosto, de actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social , introdujo también elementos de interés para el sector de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Por un lado, se autorizó al Gobierno para que en el plazo de dos años elaborase un nuevo Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Además, se le dio un mandato para que en el plazo de un año, con la participación de los agentes sociales, efectuase una reforma del marco normativo de aplicación a las mutuas, con la fnalidad, entre otras medidas, de garantizar su función como entidades colaboradoras de la Seguridad Social, asegurar su carácter privado y articular un régimen económico equilibrado.

Ya en el último trimestre del año, se aprobó una nueva ley reguladora de la jurisdicción social (Ley 36/2011, de 10 de octubre). De ella, cabe destacar el establecimiento de un nuevo procedimiento de impugnación de altas médicas emitidas tras agotarse el plazo de 365 días, que podrá presentarse sin necesidad de reclamación previa y cuya tramitación tendrá carácter preferente. Fuera de este procedimiento concreto, será siempre obligatorio presentar reclamación previa ante la mutua cuando esta tuviera atribuida la competencia para resolver. Asimismo, los juzgados requerirán a la mutua que aporte el expediente administrativo a los autos, tal y como viene haciendo el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Asimismo, se reguló la prestación de servicios sanitarios y de recuperación de las mutuas (Real Decreto 1630/2011, de 14 de noviembre), una norma que pretendía que las mutuas utilizasen, preferentemente, en ausencia de recursos propios adecuados, los que tuviesen disponibles otras mutuas o bien de los que dispusieran los Servicios Públicos de Salud con los que se tuviese convenio. De este modo, se puede prestar la asistencia sanitaria a través de tres modalidades: medios propios gestionados por las mutuas, convenios con las Administraciones públicas sanitarias y conciertos con medios privados.

No menos importantes fueron las modifcaciones del Reglamento de Colaboración de Mutuas , introducidas por el Real Decreto 1622/2011, de 14 de noviembre. Tal como ya adelantó la Ley de Presupuestos Generales para 2011, se unifcaron cuatro reservas existentes en una única reserva denominada Reserva de Estabilización por Contingencias Profesionales, cuya cuantía mínima debe ser del 30% de la media de las cuotas percibidas en el último trienio por dichas contingencias. Por otro lado, al desaparecer la reserva correspondiente al Fondo de Asistencia Social, sus benefcios deben satisfacerse con cargo a los créditos presupuestarios de cada ejercicio, en función del resultado positivo de las contingencias profesionales. La reserva de

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